Hace un mes, en su asamblea general en Miami, la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) denunció presiones del Gobierno para que los principales hoteles del país se negaran a alojar a sus representantes. Esta negativa de los hoteles a acoger a los asistentes de la asamblea ha sido interpretada como un “boicot” de las autoridades venezolanas hacia la SIP, por las críticas de esta organización a las obstrucciones a la libertad de prensa en ese país.

“Mientras haya un resquicio para celebrar esa reunión en Venezuela insistiremos en hacerlo, aunque sea en condiciones precarias, y si el gobierno venezolano establece impedimentos legales que lo haga”, dijo Rafael Molina, vicepresidente de la SIP y director del diario El Día, de República Dominicana. Molina recalcó que esta es la primera vez que un gobierno que se define como democrático impide a la SIP celebrar una reunión en el país, lo que a su juicio demuestra “la actitud permanente del régimen de Caracas en contra de la libertad de expresión”.

El director ejecutivo de la SIP, Julio Muñoz, citó los nombres de los hoteles de Caracas, Maracaibo y la isla de Margarita que después de confirmar que tenían habitaciones para acoger a los asistentes a la asamblea lo cancelaron con diversas excusas. “Incluso el hotel de Maracaibo nos señaló que corría el riesgo de ser confiscado en caso de acoger la asamblea de la SIP“, dijo Muñoz.
 

Frente a la posición de la SIP, el gobierno venezolano ha negado que haya presionado a los hoteles con el fin de impedir que se celebre la reunión, sin embargo los mismos establecimientos han dejado claro el riesgo que corren.